Entró en vigor el 18/06/2013 y se trata de una nueva y ambiciosa Ley que gira la mirada, según su exposición de motivos, hacia los tejidos urbanos existentes más que a la producción de nuevos edificios; la reorientación de la promoción inmobiliaria hacia la ciudad existente, fomentando las actuaciones que conduzcan a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos y eliminando trabas actualmente existentes.

La nueva norma prevé la rehabilitación forzosa para los edificios que superen los 50 años, a los que se aplicará un nuevo sistema de inspección de edificios, y contribuirá, según el Gobierno, a reactivar el sector de la construcción con un nuevo enfoque.

Entre las diversas leyes y otras normas que se ven afectadas y reformadas, destaca la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, con el objeto de evitar que los actuales regímenes de mayorías establecidos impidan la realización de las actuaciones previstas en la nueva Ley (actuaciones de rehabilitación o de regeneración y renovación urbana), que tienen carácter obligatorio, llegando incluso a suprimir totalmente el acuerdo previo de la Junta de propietarios.

Reformas en la Ley de Propiedad Horizontal.

Estas son, a vista de pájaro, las principales reformas introducidas en la L.P.H.:

1) Afección a los gastos de comunidad.- (Art. 9.e) El adquirente de vivienda o local responde con el propio inmueble adquirido de las cantidades adeudadas a la Comunidad por la parte vencida de la anualidad en curso y tres años anteriores (antes era solo un año). Otro tanto ocurre con los créditos a favor de la comunidad derivados de la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos generales.

2) Realización de obras y modificaciones estructurales en edificios incluidos en un ámbito de actuación de rehabilitación o de regeneración y renovación urbana. (Art. 10).

Tienen carácter obligatorio y no se requiere acuerdo previo de la Junta de propietarios, aunque implique modificación del título constitutivo o de los estatutos para las siguientes actuaciones cuando vengan impuestas por las Administraciones públicas, a motu propio o a solicitud de los propietarios:

  • Las obras de conservación      del inmueble, sus servicios e instalaciones comunes y de accesibilidad      para personas con discapacidad.
  • La construcción de nuevas      plantas y cualquier otra alteración de la estructura, así como la      división, agrupación, segregación, etc., de viviendas o locales.
  • Determinadas obras e      instalaciones que mejoren la accesibilidad o favorezcan la comunicación      con el exterior (como rampas o ascensores) con un límite cuantitativo (ver      apartado b, del art. 10).

3) Operaciones de división/segregación o agrupación/agregación de elementos (pisos y locales) y sus anejos, de edificios no incluidos en un ámbito de actuación de rehabilitación o de regeneración y renovación o no vengan impuestas por las Administraciones públicas. (Art. 10.3.b).

Ya no se requiere la unanimidad, al haberse derogado el art. 8 que la exigía y atribuía a la Junta la nueva distribución de las cuotas. Ahora se requiere la licencia o autorización administrativa pertinente (antes no necesaria) y la aprobación por las 3/5 partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las 3/5 partes de las cuotas de participación; además, lógicamente, del consentimiento de los titulares afectados.

4) Nuevo régimen de mayorías en la Junta.- (Art. 17).

1/3 de propietarios + 1/3 de cuotas, para todo lo relacionado con la instalación de infraestructuras para acceso a los servicios de telecomunicación o de aprovechamiento de energías renovables. (Los condueños que no votaron a favor no están obligados al pago, salvo que después utilicen el servicio).

Mayoría de propietarios + mayoría de cuotas, para la supresión de barreras arquitectónicas, obras de accesibilidad o establecimiento de los servicios de ascensor (sin perjuicio de lo establecido en el art. 10.1.b).

3/5 de propietarios + 3/5 de cuotas, para el establecimiento o supresión de los servicios de portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes y para el arrendamiento de elementos comunes. También para autorizar las operaciones de segregación o división de pisos o locales no obligada por las Administraciones públicas.

Simple comunicación previa a la Comunidad, para la instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio. Deberá estar ubicado en una plaza individual. El coste de la instalación y el consumo serán asumidos por el o los interesados.

Totalidad de propietarios + totalidad de cuotas (unanimidad).- Para acuerdos que impliquen la aprobación o modificación del título constitutivo o de los estatutos de la comunidad y no estén regulados de forma expresa en el art. 17.

Mayoría de propietarios + mayoría de cuotas (mayoría simple).- Para el resto de los acuerdos. (En 2ª convocatoria será suficiente la mayoría de asistentes, siempre que ésta represente, a su vez, más de la mitad del valor de las cuotas de los presentes.

Cómputo de votos de ausentes.- El voto de los propietarios ausentes en la reunión se computará como voto favorable al acuerdo si no manifiesta su discrepancia en un plazo de 30 días, salvo en los casos expresamente previstos en los que no se pueda repercutir el coste de los servicios a los propietarios que no hubieran votado a favor o cuando la modificación o reforma se haga para aprovechamiento privativo.

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