La llamada “cláusula suelo” no es otra cosa que un límite inferior al tipo de interés ordinario a abonar en los préstamos hipotecarios, que impide que los obligados al pago, los prestatarios, puedan beneficiarse de bajadas del Euríbor tan espectaculares como la acontecida desde 2008, que ha culminado en 2015-2016 con un tipo de interés negativo.

En otras palabras, en los préstamos que incluyen la cláusula suelo el interés sólo es variable al alza, lo que favorece al banco, pero es fijo a la baja, imponiéndose un límite a partir del cual el banco no sufre las fluctuaciones de la economía y con ellas de los tipos de interés.

Ni que decir tiene que las entidades financieras comenzaron a incluir esta cláusula en los contratos de préstamo a la vista de las previsiones que manejaban sobre el desplome del Euríbor, consecuencia de la crisis económica.

Es especialmente relevante y frecuente el caso de las cláusulas de esta naturaleza incluidas sin negociación posible en los contratos suscritos con particulares, pues en este supuesto resulta de aplicación la normativa comunitaria y nacional sobre protección de los consumidores y usuarios, que presta una especial atención a la existencia de desequilibrios importantes en los derechos y obligaciones de las partes.

La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 de mayo de 2013 supuso un punto de inflexión al declarar la situación de inferioridad de los consumidores frente a los bancos, establecer que este tipo de cláusulas, pese a incluirse en contratos ofertados como préstamos a interés variable, de hecho los convierte en préstamos a interés mínimo fijo por lo que no se benefician de las bajadas del tipo de referencia, y el banco sí de sus subidas, que las entidades les dan un tratamiento impropiamente secundario que impide a los consumidores percibir su relevancia en cuanto al objeto principal del contrato y que, por todo ello, este tipo de cláusulas no superan el control de transparencia y claridad exigible en las cláusulas -generales o particulares- de los contratos suscritos con consumidores –añadiendo el Alto Tribunal que además lo elevado del suelo hacía previsible para el banco que las oscilaciones a la baja del índice de referencia no repercutirían de forma sensible en el coste del préstamo-, por todo lo cual declara la nulidad de la cláusula suelo en los contratos sometidos a examen, que persisten pero eliminándose la citada cláusula.

Sin embargo, añadió el Tribunal Supremo que ”No ha lugar a la retroactividad de esta sentencia, que no afectará a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya efectuados en la fecha de publicación de esta sentencia”, aunque matizó este jarro de agua fría para los consumidores con otra sentencia de fecha 25 de marzo de 2015 en la que se introduce una limitación temporal a la devolución de cantidades indebidamente pagadas por los clientes, fijando la fecha del 9 de mayo de 2013 como día a partir del cual la nulidad surte efectos.

La nulidad de las cláusulas suelo es firme pero la retroactividad limitada de sus efectos ha sido objeto de cuestión prejudicial frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo, cuya resolución es inminente pues se ha celebrado la vista el pasado día 26 de abril de 2016.

No obstante, con independencia de la decisión del TJUE, es perfectamente defendible la retroactividad absoluta en cada caso concreto que se plantee ante los Tribunales, pues no puede olvidarse que los límites establecidos por el Tribunal Supremo únicamente son aplicables si el consumidor individual pretende hacer valer la sentencia dictada en la acción colectiva contra alguna de las entidades condenadas en la referida sentencia, esto es, BBVA, Cajas Rurales Unidas y NCG.

Una vez delimitada la cuestión, desde una perspectiva práctica ¿qué puede hacerse frente a una cláusula suelo?

En primer lugar, conviene consultar a un abogado que entable una negociación con la entidad bancaria, pues algunas de ellas están aceptando la modificación o supresión de esta cláusula sin necesidad de dar lugar a la interposición de una acción judicial.

Si no es posible llegar a un acuerdo con el banco, la vía adecuada es la presentación de una demanda de nulidad de la cláusula suelo por su carácter abusivo y su falta de transparencia y claridad, ante los Juzgados de lo Civil.

La nulidad de la cláusula suelo que se obtenga supondrá el recálculo de las cuotas satisfechas por el préstamo, desde la fecha de la primera revisión hasta la última cuota abonada, aplicando el diferencial y el tipo de interés pactado en cada momento sin límite inferior alguno, o cuanto menos desde el 9 de mayo de 2013 si el Juzgado entiende aplicable el límite establecido en la STS de 25 de marzo de 2015, lo que determinará la obligación de la entidad bancaria de abonar la diferencia resultante a favor de los clientes a partir de la fecha que se establezca.

Las previsiones de futuro sobre el Euríbor apuntan a que continuará su actual tendencia negativa en 2017 y no se prevé en ningún caso para los próximos 3 a 5 años ningún repunte brusco ni relevante, por lo que se puede concluir que, de mantenerse la cláusula suelo en una hipoteca, no sólo se ha estado perdiendo dinero sino que se seguirá pagando más de lo que se debería por el préstamo durante algunos años, por lo que merece la pena tratar de anular extrajudiciamente o judicialmente si es necesario la cláusula en cuestión.

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