El llamado poder general (o poder de ruina, como suele llamarse), es un recurso fácil que a menudo utiliza el poderdante para dar un poder a alguien de su confianza y no tiene del todo claro cuáles son las facultades que quiere incluir en el poder. Esta situación, que se presenta con frecuencia, encierra algunos peligros que debemos evitar.

Facultades que no se deben incluir en los poderes generales.

  1. La facultad de avalar a terceros. Esta es una facultad que debemos evitar incluir en un poder general y solo debe incluirse en poderes concretos o especiales para firmar un determinado aval a favor de persona concreta. De otra forma, si se otorga esa facultad con carácter genérico, el riesgo que corre el poderdante es grande, al no poder controlar ni conocer los posibles avales concedidos por el apoderado, que pueden ir apareciendo en el tiempo.
  2. La facultad de donar. Esta facultad no debe incluirse nunca en un poder, salvo que se concrete el objeto de la donación y la persona del donatario. Y ello porque la decisión de donar una cosa no es delegable. Sí que es válida la facultad de ejecutar una donación concreta ya decidida por el donante para que el apoderado formalice o lleve a término esa donación.

Facultades que deben utilizarse de forma restrictiva.

  1. La facultad de autocontratar. Se trata de una facultad que suele incluirse al final en los poderes, con este o parecido contenido: “El apoderado podrá realizar las facultades anteriores aunque incida en la figura jurídica de la auto contratación o tenga intereses iguales o contrapuestos, o se de la representación múltiple”. Es una facultad perfectamente válida, pero debe utilizarse solo cuando el apoderado es de absoluta confianza. Tengamos en cuenta que con esta facultad el apoderado puede, por ejemplo, pedir para sí un préstamo al banco y garantizarlo con hipoteca de una casa del poderdante.
  2. Cláusula de validez del poder más allá de la incapacidad del poderdante. Todos sabemos que el poder queda revocado de forma automática al sobrevenir la incapacidad del poderdante, pero esto se puede evitar si el poderdante lo dispone así al otorgar el poder, mediante una cláusula especial parecida a esta: “El apoderado podrá actuar aunque el otorgante llegue a estar incapacitado de hecho o de derecho”.
  3. En estos casos habrá de indicarse la fecha y lugar de nacimiento para la debida remisión al Registro Civil que ordena la Ley 1/2009.

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