Este es un impuesto que se devenga en las ventas o transmisiones de inmuebles y cuyo sujeto pasivo es el vendedor/transmitente. Anteriormente no se exigía acreditar el pago de este Impuesto para otorgar e inscribir la escritura en el Registro de la Propiedad, pero la situación ha cambiado con la aprobación reciente de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre (BOE 28 de diciembre) que, en su disposición final cuarta, modifica el art. 254 de la Ley Hipotecaria añadiendo un nuevo apartado 5, con el siguiente tenor literal:

“5. El Registro de la Propiedad no practicará la inscripción correspondiente de ningún documento que contenga acto o contrato determinante de las obligaciones tributarias por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sin que se acredite previamente haber presentado la autoliquidación o, en su caso, la declaración, del Impuesto, o la comunicación a que se refiere la letra b) del apartado 6 del artículo 110 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo.”

Esta modificación tiene efectos desde el 1 de enero de 2013

Volvemos por tanto al sistema que regía antiguamente. El mayor problema se plantea ahora porque, al ser el transmitente o vendedor el obligado al pago como sujeto pasivo de este impuesto municipal (en las transmisiones onerosas, ya que en las lucrativas funciona al revés), el comprador habrá de afinar mucho para asegurarse de que no se verá entorpecida o demorada la inscripción registral de la finca adquirida por él. En todo caso, siempre se podrá practicar el asiento de presentación, pero no la inscripción, sin declarar/liquidar el plusvalía.

Una solución, que no siempre funciona bien, sería la retención por el comprador de la cantidad necesaria para el pago del plusvalía, lo que pasa por la obtención previa de una liquidación provisional.

Otra solución sería que el comprador o adquirente presente en el Ayuntamiento, en el plazo de 30 días hábiles para actos intervivos (seis meses prorrogables hasta un año para los mortis-causa), declaración conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación. Esto, por otra parte, es algo a lo que el comprador ha estado siempre obligado, sin perjuicio de las obligaciones del vendedor como sujeto pasivo.

En cualquier caso, un trámite más.

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